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México entra en una fase decisiva en la evolución de su política en materia de competencia económica. Con la reciente reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) dará paso a la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), institución que asumirá un papel aún más central en la regulación de los mercados.
Este cambio no se limita a una modificación de nombre: implica ajustes en su estructura de gobierno, en la forma de nombrar a sus comisionados y en la interacción con los tribunales especializados. También redefine las reglas para sectores estratégicos y plantea nuevos retos en materia de concentraciones, investigaciones y programas de cumplimiento corporativo.
En este escenario, las empresas y los inversionistas deberán prestar especial atención a cómo evolucionan los criterios y procedimientos de la nueva autoridad. La certeza jurídica y la claridad en la aplicación de las reglas serán determinantes para planear operaciones, evaluar riesgos y diseñar estrategias de largo plazo en México.
La historia moderna de la competencia económica en México comienza en 1994, año en que se creó la Comisión Federal de Competencia (COFECO). Este órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía surgió en el contexto de la apertura comercial derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Con apenas cinco comisionados y un marco normativo inicial, la COFECO tenía como misión supervisar las prácticas monopólicas y garantizar un piso parejo para los participantes del mercado. Aunque enfrentó limitaciones en recursos y experiencia, representó un paso significativo hacia la institucionalización de la política de competencia en México.
Dos décadas después, en 2014, se llevó a cabo una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia que dio origen a la COFECE.
El cambio buscaba dotar a la autoridad de mayor autonomía, transparencia y capacidad de decisión. Uno de los ajustes más relevantes fue la ampliación del número de comisionados de cinco a siete, medida diseñada para reducir riesgos de captura y enriquecer el debate técnico con mayor pluralidad de voces.
Al mismo tiempo, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) para supervisar específicamente a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, que habían absorbido gran parte de la agenda de la autoridad de competencia.
Con la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica publicada en julio de 2025, México inicia una nueva etapa con la creación de la CNA. Esta institución sustituirá a la COFECE y asume un papel más amplio, al recuperar sectores estratégicos como telecomunicaciones y radiodifusión tras la desaparición del IFETEL, además de enfrentar plazos más cortos y un incremento en la carga de trabajo.
La CNA se perfila como una combinación de continuidad y rediseño. Retoma el esquema de cinco comisionados, utilizado previamente en la COFECO, pero con un contexto más complejo: mayor número de concentraciones notificadas, reducción de umbrales y expectativas más altas de los agentes económicos e inversionistas. Al mismo tiempo, incorpora nuevas atribuciones y responsabilidades que la colocan en el centro de la supervisión del mercado mexicano.
En comparación con la COFECE, que funcionó con siete comisionados para ampliar la pluralidad técnica y evitar riesgos de captura, la CNA vuelve a un modelo reducido. Esta decisión, aunque históricamente viable, exige un especial cuidado en la designación de perfiles técnicos y en la permanencia de equipos especializados que aseguren calidad en los análisis.
Se espera que la CNA mantenga la tradición de publicar programas estratégicos y planes de investigación que caracterizaron a la COFECE, pero que al mismo tiempo avance hacia metodologías más modernas, en línea con la evolución de mercados digitales, inteligencia artificial y sectores altamente regulados. El reto estará en equilibrar eficiencia y profundidad técnica, garantizando resoluciones consistentes y claras para los mercados.
Desde el punto de vista institucional, la transición de la COFECE a la CNA no tendría por qué ser especialmente complicada. México ya operó durante dos décadas con un pleno de cinco comisionados en la etapa de la COFECO, lo que demuestra que este modelo es funcional. La diferencia es que hoy los mercados son más sofisticados, las operaciones más numerosas y los retos regulatorios más diversos.
Por ello, lo determinante no es la estructura formal, sino la calidad de los perfiles que integren la nueva comisión. La independencia técnica y la experiencia de los comisionados serán los factores que definan si la CNA logra consolidarse como una autoridad creíble ante los participantes del mercado y ante la comunidad internacional. Si la selección responde a criterios políticos, la institución puede debilitarse; si se opta por especialistas en derecho y economía de la competencia, el cambio puede realizarse con continuidad y estabilidad.
Más allá del diseño formal del pleno, la solidez de la CNA dependerá en gran medida de la permanencia del personal técnico que ha acompañado a la política de competencia desde la COFECO y la COFECE. Estos equipos han acumulado experiencia en la conducción de investigaciones, la defensa de resoluciones en tribunales y la cooperación internacional en casos transfronterizos.
Los funcionarios de segundo y tercer nivel conocen a profundidad los mercados nacionales, las metodologías utilizadas en el análisis de prácticas monopólicas y concentraciones, así como los criterios judiciales que han dado forma a la jurisprudencia en la materia.
Esta experiencia acumulada ha permitido a México construir un marco de competencia robusto y alineado con estándares internacionales, que sería difícil de reproducir desde cero.
Si la CNA conserva a este personal, podrá dar continuidad a las buenas prácticas y responder a los nuevos retos con solidez. En cambio, una pérdida significativa de capital humano pondría en riesgo la consistencia de las resoluciones y aumentaría la incertidumbre jurídica para empresas e inversionistas.
Con la desaparición del IFETEL, las funciones en telecomunicaciones y radiodifusión regresan a la autoridad general de competencia. Esto amplía de forma considerable las atribuciones de la CNA, que deberá responder a sectores estratégicos bajo mayores exigencias de tiempo y recursos limitados. El reto estará en mantener un equilibrio: atender telecomunicaciones y radiodifusión con rigor técnico sin desatender otros mercados relevantes para la economía.
Además, este cambio exige que la CNA fortalezca sus capacidades internas, pues la complejidad regulatoria en telecomunicaciones y radiodifusión demanda perfiles técnicos especializados y mecanismos de coordinación más sólidos que los utilizados en otras áreas de competencia.
Uno de los cambios más controvertidos de la reforma es la posibilidad de que los jueces de tribunales especializados en competencia económica sean elegidos por voto popular.
Aunque la medida busca legitimar la impartición de justicia ante la sociedad, existe el riesgo de que los procesos se politicen. La materia de competencia es altamente técnica, requiere conocimiento en derecho económico, análisis de estructuras de mercado y uso de metodologías cuantitativas. Estos elementos difícilmente pueden ser parte de una campaña política o de un discurso simplificado para atraer votos.
Si los tribunales especializados pierden rigor técnico, las resoluciones podrían volverse inconsistentes o estar influenciadas por consideraciones ajenas al análisis económico. Esto afectaría la certeza jurídica, un elemento clave para que inversionistas extranjeros decidan establecer operaciones en México o expandir sus proyectos en sectores estratégicos.
En este contexto, contar con asesoría experta en competencia económica se vuelve aún más relevante. Comprender cómo interpretan los tribunales los nuevos criterios será fundamental para diseñar estrategias empresariales sólidas.
El regreso a un pleno con cinco comisionados se presenta como un cambio que podría aportar ciertos beneficios a la dinámica institucional de la nueva CNA.
Si bien estas ventajas son relevantes, no deben analizarse de manera aislada, ya que la reducción también abre la puerta a riesgos que podrían afectar la independencia y legitimidad de la institución.
El cambio hacia un pleno más pequeño trae consigo desafíos importantes.
Estos riesgos no son menores, pues pueden impactar directamente en la percepción de independencia de la autoridad y en la calidad de las resoluciones que emita.
El verdadero desafío está en encontrar un balance entre la eficiencia operativa y la legitimidad institucional. Un pleno reducido puede ser funcional si está integrado por especialistas de reconocida solvencia técnica, respaldados por equipos profesionales con experiencia acumulada. Al mismo tiempo, se requiere mantener mecanismos de transparencia y contrapesos que aseguren que la CNA conserve credibilidad frente a los agentes económicos y ante la comunidad internacional.
Uno de los aspectos más sensibles de la reforma es la facultad otorgada al Congreso, bajo control del Ejecutivo, de excluir ciertas actividades consideradas estratégicas de la aplicación de la ley. Esta posibilidad genera inquietud porque abre la puerta a que algunos sectores queden fuera del escrutinio de la autoridad de competencia.
La competencia económica requiere reglas claras y aplicables de manera general. Si determinados mercados se declaran estratégicos y, por lo tanto, no sujetos a revisión, se corre el riesgo de crear distorsiones, ya sea por falta de supervisión o por un uso discrecional de la excepción. Ejemplos de sectores que podrían estar en esa categoría son el de energía, hidrocarburos o infraestructura, cuya exclusión tendría impactos significativos en la dinámica de inversión y competencia.
La reforma también contempla que los plazos de investigación administrativa se reduzcan casi a la mitad. Esta medida busca que las resoluciones sean más rápidas y que la autoridad actúe con mayor eficiencia frente a las denuncias y solicitudes de autorización.
En principio, esta reducción es positiva, pues puede traducirse en mayor agilidad y certidumbre para las empresas. No obstante, existe el riesgo de que en casos particularmente complejos, donde se requieren análisis económicos y jurídicos profundos, la premura afecte la solidez de las resoluciones. En ese escenario, podría aumentar la litigiosidad y disminuir la calidad técnica de las decisiones.
Para las empresas, esto también significa que deberán preparar expedientes y defensas con mayor anticipación, pues la ventana de respuesta será más estrecha y la presión de tiempos puede incidir directamente en sus estrategias regulatorias.
Otro cambio relevante es la reducción de los umbrales de notificación de concentraciones en aproximadamente un 17%. En la práctica, esto significa que un mayor número de operaciones deberán notificarse a la CNA, lo que incrementará significativamente su carga de trabajo.
Aunque el objetivo es ampliar el espectro de operaciones bajo vigilancia, la medida podría derivar en mayor burocracia si no se implementan mecanismos de análisis simplificado o “fast track” para aquellas transacciones que no representan riesgos reales para la competencia. Sin estas herramientas, los tiempos de revisión podrían alargarse innecesariamente y afectar tanto a empresas nacionales como a inversionistas extranjeros.
Finalmente, la reforma refuerza los programas de cumplimiento corporativo y ajusta el esquema de clemencia para prácticas monopólicas. Estas medidas están alineadas con estándares internacionales y buscan incentivar que las empresas adopten políticas internas de prevención, capaciten a su personal y colaboren activamente con la autoridad cuando identifiquen posibles conductas anticompetitivas.
El fortalecimiento de estos programas ofrece beneficios en dos sentidos: por un lado, permite a las empresas reducir o incluso eliminar su responsabilidad en casos específicos; por otro, facilita a la autoridad detectar prácticas ilegales que de otra forma podrían pasar inadvertidas. En un entorno más exigente, contar con mecanismos internos de cumplimiento será cada vez más importante para minimizar riesgos legales y reputacionales.
Con la creación de la CNA, México cierra un ciclo iniciado con la COFECO en 1994 y abre otro con mayores exigencias técnicas y políticas. La nueva institución enfrentará el reto de operar con un pleno más reducido, plazos más cortos, umbrales más bajos y la posibilidad de que ciertos sectores estratégicos queden al margen de la supervisión.
El éxito de esta transición dependerá de varios factores: la designación de comisionados con independencia y solvencia técnica, la conservación del personal especializado que aporta continuidad a los criterios de la autoridad y la capacidad de la CNA para mantener un equilibrio entre eficiencia y profundidad en sus resoluciones. Al mismo tiempo, será crucial que los tribunales especializados conserven el rigor necesario para garantizar certeza jurídica y evitar que la política predomine sobre el análisis técnico.
En este contexto, las empresas no pueden limitarse a observar pasivamente la evolución institucional. Resulta indispensable comprender cómo estas modificaciones incidirán en sus sectores, anticipar los posibles efectos en operaciones de concentración, en programas de cumplimiento y en la interacción con una autoridad que tendrá mayores responsabilidades y una carga de trabajo más exigente.
Más que nunca, la competencia económica en México estará bajo un escrutinio reforzado. Para quienes participan en los mercados, la preparación y la lectura cuidadosa de este nuevo escenario regulatorio serán determinantes para mantener estrategias sólidas, minimizar riesgos y responder con certeza a un entorno que combina continuidad con retos inéditos.
En Mijares, contamos con un equipo especializado en competencia económica que asesora a nuestros clientes en el cumplimiento de regulaciones antimonopolio y prácticas comerciales restrictivas. Nos aseguramos de que sus actividades comerciales cumplan con las leyes de competencia, promoviendo la competencia leal y evitando posibles sanciones legales.
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