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La Reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, publicada en julio de 2025, representa un cambio trascendental en la manera en que se regulan las concentraciones en México. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la disminución de los umbrales de notificación en hasta aproximadamente 17%, lo que amplía de forma significativa el número de transacciones sujetas a revisión por parte de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).
Esta medida contrasta con reformas recientes en jurisdicciones como la Unión Europea y Canadá, donde los umbrales de notificación se han incrementado para concentrar los recursos de las autoridades en operaciones con impacto estructural en los mercados. En Estados Unidos, aunque los umbrales también se actualizan anualmente con base en la inflación, las discusiones regulatorias apuntan a mantener un enfoque en transacciones de mayor escala. México, al optar por reducirlos, adopta una postura más estricta que podría incrementar la carga administrativa y generar señales de cautela para inversionistas nacionales e internacionales.
Para contrarrestar esta posible consecuencia indeseada, los plazos del procedimiento se reducen prácticamente a la mitad. En teoría, esto permitirá obtener más rápidamente la autorización necesaria; sin embargo, también exigirá que la autoridad cuente con un equipo altamente especializado, eficiente y con recursos suficientes, y que las empresas preparen expedientes mucho más completos desde el escrito inicial.
Por otra parte, la reforma abre la oportunidad de avanzar en nuevos modelos de condicionamientos para aquellas operaciones que representen riesgos a la competencia, especialmente en mercados digitales e inteligencia artificial, sectores donde los desafíos regulatorios van más allá de los parámetros y teorías tradicionales de competencia económica.
La disminución de los umbrales genera un efecto inmediato: un mayor número de operaciones deberán notificarse ante la CNA y no podrán cerrar hasta obtener la autorización de esta nueva autoridad. Esto incluye transacciones de menor tamaño que, aunque no representan grandes cifras en términos de activos, ventas o monto de la operación, a juicio del legislador, pueden influir en la dinámica competitiva de los mercados.
Para las empresas, este ajuste implica mayores costos y retrasos en el cierre de las transacciones, pues deberán analizar con mayor detalle si una operación requiere autorización de la CNA, además de preparar la documentación necesaria en cada caso y contratar asesores especializados en competencia económica para llevar el proceso de notificación. Para la autoridad, el reto también será mayor, ya que la carga de trabajo aumentará de manera considerable en un contexto donde también se prevén restricciones presupuestales y plazos más cortos para emitir resoluciones.
La reducción de los umbrales implica que un gran número de operaciones con bajo riesgo competitivo ahora estarán sujetas a revisión. Si la CNA no implementa procedimientos de resolución rápida o “fast track”, es probable que se generen retrasos innecesarios en operaciones que no presentan complejidades en materia de competencia económica.
En ausencia de estos mecanismos, las demoras pueden convertirse en un obstáculo para las transacciones, afectando tanto a inversionistas locales como extranjeros. Esto es especialmente sensible en sectores donde la rapidez en la toma de decisiones es determinante, como en adquisiciones de startups tecnológicas, fusiones en industrias dinámicas o proyectos de integración transnacional.
Un sistema de análisis simplificado no solo permitiría liberar recursos de la autoridad para atender operaciones de alto impacto, sino que también enviaría un mensaje de certeza y eficiencia a los mercados internacionales. La experiencia comparada muestra que jurisdicciones con esquemas de “fast track”, como Estados Unidos, logran equilibrar la supervisión estricta con la agilidad necesaria para no frenar el dinamismo económico.
En distintos países, las autoridades de competencia han avanzado hacia la aplicación de condicionamientos más innovadores para permitir la realización de operaciones riesgos sin que éstas afecten los mercados involucrados. Estos mecanismos ex post permiten vigilar y ajustar el comportamiento de las empresas después de la operación en caso de que se identifiquen efectos negativos durante el proceso de autorización.
Ejemplos de estas prácticas se encuentran en la Unión Europea, donde se imponen obligaciones de acceso a plataformas digitales, o en Estados Unidos, donde se han diseñado medidas estructurales y de conducta aplicables durante varios años posteriores a una fusión.
La creación de una nueva autoridad, la CNA, ofrece la posibilidad de fortalecer el papel de este tipo de condicionamientos en México. En sectores como los mercados digitales y la inteligencia artificial, donde la acumulación de datos, algoritmos o infraestructura tecnológica puede generar barreras de entrada significativas, la aplicación de condicionamientos innovadores resulta fundamental.
El desafío será contar con equipos técnicos capaces de comprender las dinámicas de estos mercados y diseñar medidas proporcionales que aseguren un entorno competitivo sin desincentivar la innovación. La adopción de estas prácticas colocaría a México a la par de otras jurisdicciones y enviaría una señal positiva sobre la seriedad de su política de competencia económica.
La reducción de los umbrales y la eventual implementación de nuevos condicionamientos tendrán consecuencias directas para quienes participan en el mercado. Las empresas deberán reforzar sus mecanismos internos de cumplimiento para identificar con mayor anticipación las operaciones que requieran notificación y preparar expedientes robustos que faciliten el trabajo de la CNA para emitir sus autorizaciones en plazos más cortos.
Al mismo tiempo, deberán considerar que los condicionamientos pueden ir más allá de las medidas tradicionales de desinversión o restricciones de influencia o control, incorporando obligaciones relacionadas con el acceso a datos, la interoperabilidad tecnológica o la transparencia en el uso de algoritmos.
Para los inversionistas mexicanos e internacionales, la claridad y previsibilidad en la aplicación de estas reglas será determinante. Un entorno regulatorio que combine rigor técnico con procedimientos ágiles será clave para mantener a México como un destino atractivo para invertir.
Las modificaciones al proceso de notificación de concentraciones representan uno de los cambios más relevantes de la Reforma a la Ley Federal de Competencia Económica. La reducción de umbrales en hasta aproximadamente 17% incrementa el número de operaciones que deben ser revisadas por la CNA y reduce el riesgo de que operaciones que puedan afectar los mercados se lleven a cabo sin necesidad de control previo, pero también genera un riesgo de sobrecarga para la autoridad y mayores costos para las empresas.
El éxito de este nuevo modelo dependerá de que la Comisión Nacional Antimonopolio logre implementar mecanismos (formales o informales) de revisión simplificada para operaciones de bajo riesgo y, al mismo tiempo, desarrolle condicionamientos innovadores en sectores estratégicos como los mercados digitales y la inteligencia artificial. Solo así podrá equilibrar la necesidad de control con la eficiencia que demandan los mercados.
Para las empresas e inversionistas, este nuevo marco regulatorio exige una mayor preparación y un entendimiento profundo de los criterios que aplicará la autoridad. Anticiparse a los retos y adaptar las estrategias corporativas a las nuevas exigencias será determinante para minimizar riesgos y asegurar la viabilidad de sus proyectos en un entorno cada vez más vigilado. La certeza jurídica en la aplicación de estas nuevas reglas será clave para sostener la confianza de los mercados en México.
En Mijares, contamos con un equipo especializado en competencia económica que asesora a nuestros clientes en el cumplimiento de regulaciones antimonopolio y prácticas comerciales restrictivas. Nos aseguramos de que sus actividades comerciales cumplan con las leyes de competencia, promoviendo la competencia leal y evitando posibles sanciones legales.
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