El 27 de diciembre de 2025 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2026 (“RGCE”), junto con su Anexo 13, introduciendo cambios relevantes que impactan directamente a los principales actores del comercio exterior.
Las modificaciones refuerzan un modelo de fiscalización más estricto, basado en materialidad, trazabilidad, digitalización y control en tiempo real.
A continuación, se resumen los principales cambios:
Se actualizan los montos aplicables en materia aduanera, lo que conlleva incrementos relevantes en prevalidación, DTA, derechos de certificación IVA e IEPS, diversos trámites administrativos y multas.
Estos ajustes elevan el costo del incumplimiento y refuerzan la necesidad de controles preventivos.
Se amplían las causales de suspensión en el Padrón de Importadores, el Padrón de Importadores de Sectores Específicos y el Padrón de Exportadores Sectorial, incluyendo, entre otras:
Se incorpora la obligación expresa de utilizar la e.firma en la elaboración de pedimentos por agentes y agencias aduanales, mandatarios, apoderados, importadores y exportadores, conforme a los lineamientos que emita el SAT, reforzando la trazabilidad y la responsabilidad de las operaciones.
Expediente digital y evolución patrimonial
Se establece la obligación para los agentes aduanales de integrar un expediente electrónico por cada cliente, que acredite la materialidad operativa y el estatus fiscal del usuario, incluyendo evidencia documental, fotográfica y manifestaciones bajo protesta de decir verdad (RGCE 1.4.14).
Se incorpora la regla 3.1.42, que fortalece de manera transversal el concepto de materialidad de las operaciones, al establecer la documentación mínima que deberá conservarse para acreditar que la operación efectivamente se realizó y que las mercancías se destinaron al régimen aduanero declarado. Entre otros, la autoridad podrá requerir contratos/órdenes de compra y pagos, evidencia de uso o goce de inmuebles, maquinaria y equipo, registros contables e inventarios, CFDI de nómina del personal involucrado, soportes técnicos para identificar mercancías, manifestaciones sobre destino/uso, y verificación de que proveedores y clientes no se encuentran en listados del SAT.
Este reforzamiento impacta directamente a empresas IMMEX, empresas certificadas, recintos fiscalizados estratégicos, operaciones de transferencia y esquemas especiales.
Se fortalecen los requisitos de acceso y permanencia en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, incorporando criterios adicionales de cumplimiento fiscal y control de la cadena de suministro. En particular:
Se introducen cambios relevantes al régimen de depósito fiscal, orientados a reforzar el control y la trazabilidad de las operaciones. En particular:
Se establecen nuevas obligaciones tecnológicas que exigen sistemas integrados de control, trazabilidad y monitoreo en tiempo real, con interoperabilidad con el sistema electrónico aduanero y acceso remoto para la ANAM, aplicables también a los despachos por lugar distinto al autorizado.
Se ajusta el esquema de determinación de contribuciones en el procedimiento simplificado, incorporando nuevas tasas, rangos de valor y reglas específicas conforme a tratados internacionales y al T-MEC.
Las RGCE refuerzan de manera significativa el marco regulatorio aduanero, con un enfoque en trazabilidad, materialidad de las operaciones, digitalización y responsabilidad de los participantes en la cadena logística.
Estos cambios incrementan las obligaciones de cumplimiento y los riesgos de suspensión de padrones, cancelación de autorizaciones y responsabilidad solidaria, por lo que resulta indispensable revisar procesos, sistemas y controles internos. En Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, apoyamos a nuestros clientes a identificar los impactos de las RGCE y a implementar estrategias de cumplimiento acordes al nuevo entorno regulatorio.
Para cualquier duda o comentario, puede contactar a nuestro equipo experto.
Premios
.svg){kind=small}
