El 8 de septiembre de 2026, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos (la “Iniciativa”), que busca acelerar la adopción de medios de pago electrónicos y digitales en México y facilitar el acceso a servicios financieros.
La Iniciativa establece un marco general aplicable a instituciones financieras, instituciones de tecnología financiera, otros otorgantes de crédito, proveedores de bienes y servicios, personas usuarias y autoridades. Su implementación dependerá en buena medida de la regulación secundaria que emitan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”), el Banco de México (“Banxico”), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) y otras autoridades competentes.
La Iniciativa aún se encuentra en proceso legislativo y su contenido podría modificarse durante su discusión y aprobación.
Identidad y contratación digital
La CURP Digital sería reconocida como mecanismo de confianza para la contratación digital de servicios financieros. Asimismo, las personas usuarias podrían solicitar a las entidades financieras la consulta y portabilidad de documentos contenidos en su Expediente Digital Ciudadano, los cuales producirían los mismos efectos jurídicos que sus equivalentes físicos.
Adopción y eventual obligatoriedad de pagos digitales
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberían aceptar medios de pago electrónicos y digitales para trámites y servicios. Para los proveedores privados, su adopción sería en principio facultativa; sin embargo, la SHCP podría determinar sectores estratégicos o actividades relevantes en los que los pagos digitales y electrónicos sean la única forma de pago.
Las autoridades sectoriales correspondientes establecerían las condiciones y mecanismos para una transición gradual desde el efectivo. Ante contingencias que impidan temporalmente recibir pagos digitales, se permitiría el uso de efectivo o cheque.
QR, terminales punto de venta y aplicaciones financieras
Banxico, conjuntamente con la CNBV, podría establecer reglas para que las entidades que presten servicios de recepción de pagos mediante terminales punto de venta para pagos con tarjeta permitan también pagos a través de códigos QR.
Banxico también podría emitir disposiciones para homologar la experiencia de uso de aplicaciones de servicios financieros, además de adoptar otras medidas para impulsar las transferencias electrónicas y el acceso a servicios financieros.
Obligaciones para entidades financieras y otros otorgantes de crédito
Las entidades comprendidas por la Iniciativa, incluyendo bancos, SOFOMes, SOFIPOs, instituciones de tecnología financiera y otros otorgantes habituales de crédito, tendrían, entre otras, obligaciones para promover la inclusión financiera, difundir sus productos y servicios, promover los distintos niveles de operación de cuentas de depósito y facilitar el otorgamiento de créditos y financiamientos a través de medios digitales.
Digitalización de trámites
La Iniciativa también prevé la adopción por autoridades de soluciones tecnológicas para el desarrollo económico, incluyendo la CURP Digital, el Expediente Digital Ciudadano, la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y la Plataforma de Establecimientos Mercantiles.
De aprobarse en sus términos actuales, la Iniciativa podría requerir una revisión de procesos, infraestructura y relaciones contractuales de distintos participantes del ecosistema financiero y de pagos.
Entre los principales temas que deberían evaluarse se encuentran:
La Iniciativa establece un marco general cuyo alcance operativo dependerá sustancialmente de regulación secundaria y coexistiría con la legislación financiera, mercantil y sectorial actualmente aplicable.
De aprobarse en sus términos actuales, la Ley entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a su entrada en vigor, la SHCP debería realizar una primera determinación de los sectores y actividades en los que los pagos digitales podrían convertirse en la única forma de pago; y dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación de dicha determinación, las autoridades sectoriales deberían emitir las reglas correspondientes.
La brevedad de estos plazos haría particularmente relevante identificar oportunamente la posible exposición de cada empresa y dar seguimiento a la regulación secundaria.
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