La práctica de Responsabilidad Penal Corporativa y Compliance Penal (White Collar) en Mijares se integra por abogados y abogadas penalistas especializados en delincuencia corporativa, enfocados en la asesoría y defensa de empresas y de sus órganos de administración y gobierno en asuntos penales relacionados con la operación empresarial.
En México, la práctica de “white collar” suele referirse a la práctica penal relativa a las conductas que en el ámbito económico y empresarial pueden cometer tanto los administradores y miembros de la alta dirección, como la empresa como ente jurídico con personalidad jurídica y patrimonio propios y diferenciados de las personas naturales; por ello, la práctica está estructurada para atender este tipo litigios y contingencias con experticia penal y con amplios conocimientos y perspectiva corporativa, combinando prevención, gestión de riesgos, negociación y defensa procesal penal.
Nuestro trabajo se organiza en cuatro momentos que generan sinergia e interconexión en las organizaciones empresariales:
- Prevención (compliance penal preventivo): identificación valoración y mitigación de riesgos penales corporativos, protocolización del compromiso de la alta dirección frente a la prevención del delito, conformación del órgano de prevención penal, implementación de modelos de debido cumplimiento penal basados en modelos de criminología corporativa, valoración de controles y protocolos ajustados a la operación y estructura de cada organización, implementación de sistemas digitales de prevención delictiva y de cumplimiento y alertamiento regulatorio de incidencia penal, impulso de ciclo permanente de compliance penal, creación de tipologías y entrenamiento y capacitación, así como conducción de investigaciones internas.
- Respuesta (cuando existe una contingencia penal): participación en comités de crisis, análisis y procesamiento de información corporativa de cumplimiento, preparación de peritajes, entrevista de testigos y desarrollo de la estructura de la teoría del caso y la estrategia de evidencia para la empresa y directivos, así como impulso de acuerdos reparatorios y salidas alternas al proceso penal.
- Compliance penal requerido por autoridad: En el proceso penal de empresa el Ministerio Público, las víctimas y las autoridades regulatorias que participan en el sistema penal nacional pueden solicitar la reparación integral de los daños físicos, económicos y morales ocasionados en el contexto de la operación de una empresa o sociedad. En esos supuestos, nuestro equipo estructura e implementa medidas adecuadas de cumplimiento futuro y garantías de no repetición penal en el ámbito corporativo con enfoque probatorio, de gobernanza, de mitigación de riesgos y con experticia en la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de la Ley General de Víctimas.
El sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas mexicano continúa desarrollándose: los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito impulsan las investigaciones dentro y en el contexto de la vida corporativa y empresarial. Diversas entidades federativas han incorporado la responsabilidad penal de las personas jurídicas en sus códigos penales. Las Fiscalías impulsan casos relevantes y las autoridades regulatorias ambientales, fiscales, de derechos humanos, de protección de datos personales y de los derechos humanos presentan denuncias al Ministerio Público en contra de empresas. En ese contexto, acompañamos a las organizaciones en la gestión técnica y estratégica de decisiones empresariales que pueden tener implicaciones penales.
