El 8 de septiembre de 2025 se presentó ante el H. Congreso de la Unión el Paquete Económico 2026, que contempla reformas sustanciales a la Ley Aduanera y a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE). Estas modificaciones marcan un cambio de política comercial y un sistema aduanero con controles más estrictos. Esta iniciativa será estudiada y votada por el Congreso, lo cual puede derivar en cambios a los aquí comentados.
Principales Modificaciones
1. Actualización de Marco Legal y Definiciones
La iniciativa actualiza el marco legal de la Ley Aduanera al precisar términos clave como “agencia aduanal”, “recinto fiscalizado estratégico”, “cuenta aduanera de garantía”, “expediente electrónico” y “control de inventarios”.
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se reconoce como la autoridad facultada para realizar la inspección, fiscalización, vigilancia y recaudación sobre las operaciones de aduaneras.
2. Implementación de tecnología de la ANAM
Tanto los recintos fiscales como los recintos fiscalizados deberán contar con sistemas electrónicos de control, videovigilancia y monitoreo en tiempo real.
La reforma incorpora herramientas tecnológicas como fotografías, videos, grabaciones, drones y escáneres portátiles, otorgándoles pleno valor probatorio a los archivos obtenidos durante las verificaciones.
3. Corresponsabilidad Legal Reforzada
Se establece la responsabilidad solidaria entre agentes aduanales, importadores y exportadores, lo que implica que todos ellos responderán conjuntamente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las operaciones aduaneras.
Entre estas obligaciones destacan las siguientes:
Adicionalmente, la iniciativa introduce nuevas causales para la suspensión y cancelación de patentes de agentes aduanales y se eliminan las excluyentes de responsabilidad lo que implicará que los agentes y agencias aduanales responsables directos del pago de contribuciones.
4. Transformación del Sistema de Patentes
Se propone limitar la vigencia de las patentes de agentes aduanales a un periodo de 10 años, con posibilidad de renovación, eliminando así el carácter vitalicio que tenían anteriormente.
Este cambio podría generar incertidumbre que sobre la estabilidad y continuidad en la autorización para ejercer la actividad, lo que puede afectar la planeación a largo plazo, las inversiones y la confianza tanto de los agentes aduanales como de las empresas que dependen de sus servicios. Existe el riesgo de que la patente no sea renovada por causas ajenas al desempeño del agente, lo que podría interrumpir operaciones, generar costos adicionales y desincentivar la profesionalización y el desarrollo de relaciones comerciales duraderas.
Adicionalmente se propone la creación del Consejo Aduanero para supervisar los procesos de otorgamiento, prórroga y cancelación de patentes.
5. Digitalización Obligatoria
La reforma exige que el expediente electrónico se mantenga actualizado de forma permanente y que el control de inventarios sea automatizado y completamente trazable, permitiendo a las autoridades fiscales acceso inmediato a esta información; lo cual puede representar mayores costos y cargas administrativas para las empresas.
6. Nuevos Requisitos de Garantías
Depósitos obligatorios en cuentas aduaneras
Se introducen nuevos requisitos para garantizar las contribuciones al comercio exterior, al establecer la obligación de realizar depósitos en cuentas aduaneras para operaciones tales como:
Esta medida puede incrementar los costos financieros y la complejidad operativa para las empresas, especialmente para aquellas con flujos de efectivo limitados.
7. Restricciones a Recintos Fiscalizados Estratégicos (RFEs)
8. Controles Reforzados para IMMEX
La iniciativa también contempla mayores controles para las empresas que operan bajo el programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación):
9. Procedimientos y Sanciones
El plazo para que las autoridades aduaneras verifiquen el valor en aduana declarado de las mercancías se amplia de 6 a 12 meses en casos de presunta subvaluación.
En caso de incumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) la autoridad aduanera queda facultada a embargar la mercancía y no sólo retenerla como ocurría anteriormente.
Se amplia el catálogo de infracciones y las multas para ser proporcionales con la conducta del importador.
10. Comercio Electrónico y Mensajería
Sigue el control sobre las importaciones a través de empresas de mensajería y paquetería para combatir la subvaluación de mercancías.
La ANAM podrá autorizar a las empresas de mensajería y paquetería a continuar con el procedimiento de despacho aduanero simplificado siempre que se cumplan con determinados requisitos, entre ellos llevar un sistema de análisis de riesgo con acceso en línea para la autoridad lo que permitiría detectar montos excedentes, importaciones recurrentes, etc.
11. Empresas Certificadas
Para la obtención de la certificación, los solicitantes que incluyen socios, accionistas, representantes legales no deben haber sido condenados por delitos que hayan ameritado pena corporal o sanciones en operaciones de comercio exterior.
En caso de cancelación del registro de Operador Económico Autorizado por causa de delitos fiscales o infracciones que perjudiquen al Fisco Federal, no se podrá volver a solicitar la certificación.
Marco de Protección Comercial
1. Alcance de la Medida
Más de 1,400 mercancías estarán sujetas a nuevos aranceles bajo el principio de nación más favorecida de la OMC, pero los países con los que México tiene tratados de libre comercio conservarán sus preferencias y no se verán afectados, mientras que las importaciones de países sin acuerdos, especialmente de Asia, enfrentarán los aumentos.
2. Sectores Específicos Protegidos
La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre de 2025 un aviso mediante el cual se da inicio a una consulta pública sobre la operación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC/USMCA). Esta convocatoria responde al artículo 34.7 del propio Tratado, que establece la realización de una revisión conjunta en su sexto aniversario, en julio de 2026.
Para el sector privado y la industria mexicana, esta consulta representa una oportunidad estratégica para influir en la postura de México frente a Estados Unidos y Canadá. Las empresas pueden plantear preocupaciones prácticas relacionadas con reglas de origen, cargas administrativas, controversias en sectores sensibles (energía, acero, automotriz) y proponer ajustes que fortalezcan la competitividad nacional.
No obstante, el proceso también implica riesgos en caso de no haber una participación activa. La ausencia de comentarios del sector privado podría limitar la capacidad de México para defender intereses estratégicos, lo que podría traducirse en mayores exigencias en materia laboral o ambiental, así como en costos adicionales de cumplimiento para la industria nacional.
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