El 3 de febrero de 2026, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 (el “Plan”).
Esta estrategia prevé un incremento significativo de la inversión pública para el desarrollo de infraestructura pública, y fomenta la participación del sector privado mediante la implementación de esquemas mixtos, diferenciados de las Asociaciones Público-Privadas, con el objetivo de lograr inversiones complementarias que protegen las finanzas públicas.
El Plan se fundamenta en los 100 compromisos presentados por la Presidenta al inicio de su mandato y busca impulsar un crecimiento económico del 3% para el país. Para ello, se enfoca en el fortalecimiento de la infraestructura estratégica y la provisión de servicios básicos, proyectando una inversión total de 5.6 billones de pesos en más de 1,500 obras públicas hasta 2030. Se destaca un énfasis significativo en el sector energético, cuya distribución sectorial es la siguiente:
El Plan se divide en dos ejes principales:
La amplia cobertura sectorial del Plan anticipa la interacción con múltiples marcos regulatorios, incluyendo legislación en materia energética, obra pública, concesiones, competencia económica y disciplina financiera.
Un elemento central del Plan es el uso de esquemas de inversión mixta, combinando recursos públicos y privados. Para ello, se propuso la creación de empresas mixtas, donde el Estado mantendrá una participación mayoritaria y el Gobierno de México definirá sus reglas de operación, lo que podría implicar la emisión de disposiciones regulatorias específicas o ajustes al marco normativo vigente.
Los proyectos contemplados en el Plan serán supervisados por un nuevo Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Dicho Consejo será responsable del seguimiento del avance físico y financiero de los proyectos, la aprobación y priorización de los mismos, los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, y la coordinación interinstitucional entre dependencias y entidades ejecutoras.
La Secretaría de Hacienda anunció que, en los próximos días, se enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para concretar los vehículos de inversión necesarios para la ejecución del Plan. Se planteó la creación de fondos específicos para su financiamiento.
El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar representa un cambio relevante en la política de inversión pública del país, abriendo la puerta a nuevos esquemas de colaboración público-privada bajo un modelo de control estatal reforzado. Además, se implementará una Base de Datos Nacional para que inversionistas y el público en general puedan visualizar la evolución de cada proyecto. Será clave dar seguimiento a las reformas legales anunciadas y a las reglas específicas que se emitan para cada sector.
Continuaremos monitoreando las modificaciones del marco legal y regulatorio aplicable, así como a la publicación de las iniciativas y disposiciones que permitan evaluar con mayor precisión las oportunidades y riesgos para los distintos participantes.
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