El marco laboral mexicano atraviesa cambios significativos tras la reforma al artículo 123 constitucional publicada el 3 de marzo de 2026, que reduce la jornada semanal de 48 a 40 horas. Al 8 de abril de 2026, la actividad legislativa se ha enfocado en la implementación de dicha reforma mediante legislación secundaria, mientras el Congreso analiza simultáneamente diversas iniciativas laborales presentadas en semanas recientes.
La reforma al artículo 123 constitucional establece la reducción gradual de la jornada a 40 horas entre 2027 y 2030, prohibiendo expresamente cualquier disminución en salarios o prestaciones. Si bien dicha reforma ya está vigente, su implementación depende de reformas a la Ley Federal del Trabajo actualmente en discusión.
En este sentido, cabe señalar que el Senado aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo para reducir la jornada laboral ordinaria a 40 horas semanales y regular las horas extraordinarias. El proyecto, que ahora fue remitido a la Cámara de Diputados, fue aprobado el 8 de abril de 2026. Los puntos clave de la reforma incluyen:
Conforme a lo establecido por el Senado, la reforma tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad y brindar certeza jurídica a los trabajadores sin reducir su salario ni prestaciones. Inicialmente, se verán afectados más de 13 millones de trabajadores.
De manera paralela, el Congreso analiza una agenda legislativa más amplia derivada de diversas iniciativas presentadas durante marzo de 2026, lo que refleja un mayor enfoque en el bienestar de las personas trabajadoras, las condiciones laborales y la transparencia. Entre las propuestas más relevantes se encuentra la incorporación de licencias por salud mental con goce de sueldo en la Ley Federal del Trabajo, que contemplaría otorgar hasta siete días de permiso, hasta dos veces por año, sujeto a certificación médica, limitando además la posibilidad de que el empleador solicite información detallada sobre la condición del trabajador. Asimismo, se plantean iniciativas para establecer mecanismos formales de donación de días de vacaciones, permitiendo a los trabajadores transferir días acumulados a compañeros que enfrenten situaciones extraordinarias, lo que podría implicar la implementación de sistemas administrativos internos para gestionar dichas transferencias.
Otras propuestas incluyen la introducción de obligaciones de transparencia salarial orientadas a incrementar la visibilidad en las prácticas de compensación, estímulos fiscales para empresas para la industria audiovisual, el reconocimiento del derecho a la desconexión digital, que podría restringir las comunicaciones fuera del horario laboral y requerir la adopción de políticas internas sobre disponibilidad, y la obligación de los patrones de transparentar el rango salarial en las vacantes que ofertan para fomentar la equidad salarial entre mujeres y hombres. Estas iniciativas se encuentran en etapas iniciales del proceso legislativo y actualmente se encuentran en discusión en el Congreso.
Adicionalmente, las reformas en materia de prevención de violencia laboral, vigentes desde enero de 2026, se encuentran en fase de implementación y generan mayores obligaciones de cumplimiento para los empleadores, particularmente en materia de políticas internas y programas de capacitación.
Como consecuencia de lo anterior, las empresas patronas deben prepararse de manera proactiva y dar seguimiento cercano a las iniciativas legislativas en discusión, así como a los posibles cambios a la Ley Federal del Trabajo.
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